A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 7 Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín y el Juzgado 8 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad.

Encontró la Corte que en el presente asunto solo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que el primer despacho se apartó del conocimiento de la solicitud de amparo con sustento en las reglas de reparto.

Atendiendo la jurisprudencia constitucional la Sala Plena determinó que la autoridad que debe dar trámite a la acción de tutela es el primer despacho a quien se le asignó su conocimiento, esto es, el Juzgado 7 Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Medellín, a quien se le remitió el expediente para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Se hizo una advertencia a la precitada autoridad para que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto y en precedentes que abiertamente contradicen lo dispuesto en la materia por la Corporación, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

Al otro operador jurídico involucrado se le advirtió que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá tener en cuenta que éste tiene que ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual está en la obligación de observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.